México. Notimex.- En un documento publicado este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se explica que el acuerdo tiene por objeto la identificación y determinación de causa de muerte de diversos restos que pudieran estar relacionados con homicidios de migrantes, 72 localizados el 23 de agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas.
Asimismo, un mínimo de 193 restos localizados entre abril y mayo de 2011 en Fosas Clandestinas de San Fernando, Tamaulipas y 49 localizados en Cadereyta, Nuevo León el 14 de mayo de 2012.
La identificación se realizará a través de una Comisión de Expertos Forenses, que se crea a través del presente convenio y que contará con una Secretaría Técnica para coordinar la colaboración entre los integrantes del convenio.
Dicho convenio lo celebran la PGR, el Equipo Argentino de Antropología Forense; el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, el Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
También lo integran la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila; el Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C.; la Asociación Civil Voces Mesoamericanas, la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala y la Asociación Misioneros de San Carlos Scalabrinianos en Guatemala.
Otros organismos que celebran el convenio son: el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C., y el Foro Nacional para la Migración en Honduras.
La disposición que incluye 23 artículos detalla las funciones de la secretaría técnica, la comisión forense, del proceso de identificación, fases de documentación, de comparación, de elaboración, toma de muestras o de recepción de otra información y entrega de dictámenes así como recomendaciones.
El titular de la PGR compartirá los resultados del Informe que reciba de la Comisión Forense a los organismos y organizaciones nacionales firmantes del presente convenio, así como a los organismos internacionales que incluye la Oficina del Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y Amnistía Internacional.
El documento indica que el incumplimiento del convenio, podrá ser sancionado en términos de la legislación penal aplicable y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
El ordenamiento indica que el término de duración del convenio es de un año a partir de su firma y se renovará en sus mismos términos sin plazo forzoso y en caso de renovación automática, se podrá dar por terminado el presente convenio con al menos un mes de anticipación a la fecha en que se pretenda su terminación.
Comisión Forense identificará restos de migrantes en Tamaulipas y NL
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